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No hay que ser un experto en planificación urbana para apreciar el valor de los espacios verdes públicos. Somos muchos los que nos acercamos a un espacio verde para hacer deporte, pasear o leer un libro en un lugar más agradable.

 

Sin embargo, cada vez son menos las personas en el mundo que tienen acceso a parques urbanos u otras áreas con vegetación. Por un lado, la población urbana crece a un ritmo mucho mayor en relación con los espacios verdes. Las ciudades de América Latina reflejan este déficit creciente. Por otro lado, la  distribución  -y calidad- de los espacios verdes existentes tiende a ser cada vez más desigual al interior de las ciudades. Los estudios que hemos realizado en las ciudades incluidas en la ‘Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles’ confirman esta tendencia. Las personas que habitan en los barrios más pobres tienen menos acceso a espacios verdes de calidad. La expansión urbana descontrolada en muchas ciudades latinoamericanas, principalmente a través de asentamientos irregulares, dificulta la planificación y agrava esta situación.

 

Además de profundizar las inequidades existentes, esta tendencia presenta serios riesgos para la sostenibilidad urbana y en especial, para la salud pública. Las numerosas investigaciones sobre el tema señalan una fuerte relación entre espacios verdes urbanos y la salud física y mental. Si bien se trata de una relación compleja mediada por muchos factores, los estudios aportan evidencia concreta relacionada a las diversas maneras en que el acceso a espacios verdes contribuye a la salud y al bienestar de la población:

 

1. Promueven la actividad física. Diversas investigaciones corroboran una asociación positiva entre el acceso a espacios verdes y la predisposición a hacer ejercicio, en todos los grupos de edad. La actividad física regular disminuye la prevalencia de sobrepeso y obesidad, quinto factor de riesgo de defunción en el mundo –debido a que aumentan el riesgo a enfermedades cardiovasculares, a diabetes, y a determinados cánceres.

 

2. Contribuyen a la salud mental. Otros estudios recientes, como el realizado por un equipo de investigadores holandeses, revelan que la prevalencia de 15 de 24 grupos de enfermedades es menor para aquellas personas que tienen mayor proporción de espacios verdes en un radio de un kilometro alrededor de sus hogares. Dicha investigación encontró que la relación es aun más fuerte en el caso de enfermedades mentales, como trastornos de ansiedad y depresión, en particular.

 

3. Proporcionan oportunidades para el desarrollo de relaciones sociales. El acceso a espacios verdes, según indican otras investigaciones, se correlaciona positivamente con la interacción comunitaria y la cohesión social al proveer espacios de encuentro inclusivos. Un estudio realizado en 59 espacios públicos de un barrio de vivienda social en Chicago, por ejemplo, encontró que la actividad social era un 83% mayor en aquellos espacios que contaban con vegetación.

 

4. Disminuyen los riesgos del ambiente urbano y el cambio climático. Los espacios verdes preservan la biodiversidad en las ciudades; reducen los riesgos de inundación; filtran ruidos molestos; y retienen partículas de polvo y contaminantes atmosféricos. Asimismo, estudios recientes predicen que un 10% más de espacios verdes en áreas urbanas, permitiría mantener las temperaturas a solo 1°C por encima de los valores actuales, moderando el impacto del calentamiento global en estas ciudades.

 

Ante esta evidencia, las ciudades de América Latina deberán crear más oportunidades para vivir en contacto con la naturaleza en las zonas urbanas. Esto significa también evitar que el crecimiento urbano genere nuevos déficits de espacios verdes en el futuro. El desafío para las ciudades consistirá en definir, junto con los ciudadanos y a partir de recursos siempre escasos: ¿Cuanto más espacio verde se necesita?, ¿de qué tipo y con qué funciones?, ¿dónde ubicarlos y cómo interconectarlos? y ¿cómo mantenerlos en buen estado utilizando mecanismos innovadores? Para responder estos interrogantes el rol de la planificación urbana será imprescindible.

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* Sebastián Lew, nacido en la Patagonia Argentina, es analista de Planificación Urbana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente, es miembro del equipo coordinador de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en Washington, DC.

 

Esta columna fue publicada originalmente en el Blog Gente Saludable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 


Sebastián Lew * / El Clarín

Página Web - 2013/11/16

Fuente: http://bit.ly/1bzdci0


Una de las modificaciones contenidas en el predictamen del kirchnerismo sobre el Código Civil y Comercial que ya despierta polémica es la idea de la “función social” de la propiedad. Según juristas y diputados consultados por Clarín, afecta la seguridad jurídica y sería una concesión a la Iglesia. El proyecto original planteaba en su artículo 15 una idea más tradicional de la propiedad. La nueva redacción le agregó un párrafo que deja abierta la puerta a distintas interpretaciones. Desde el Colegio Público de Abogados porteño cuestionaron el predictamen que se presentó el jueves en la Bicameral. “El artículo 15 no da certidumbre jurídica. Si la función social (de la propiedad) no está taxativamente expuesta, deja la puerta abierta a cualquier cosa ”, le dijo a Clarín el titular de la entidad, Jorge Rizzo. ¿Cuáles son los riegos concretos?. Que el Estado pueda expropiar una vivienda para construir una plaza o una autopista amparándose en el Código, y sin pagar la correspondiente indemnización.

 

Los expertos del Colegio Público que estudian la reforma se reunirán pasado mañana y emitirán una declaración, pero sus autoridades ya cuestionaron la función social de la propiedad. “El nuevo Código es un combo que cambia drásticamente el concepto de propiedad. Dejaría de tener previsibilidad y pasaría a ser mutante.

 

Es peligroso, porque quedaría sujeto a la interpretación de los jueces y a las variaciones de la situación social o política”, sostuvo Fernando Frávega, director ejecutivo del Colegio.

 

En tanto, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari se mostró preocupado con las implicancias de la reforma. “El artículo 15 es el intento de buscar un socio político en la Iglesia. Con todo esto, el Gobierno busca darle un amparo argumentativo a la preeminencia de los derechos de incidencia colectiva, que generalmente restringen derechos, esencialmente el derecho de propiedad”, opinó ante este diario. Para Ferrari, hay una vinculación directa entre la nueva redacción del Código y la ley bonaerense que obligó a los grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder tierras o dinero para la construcción de casas populares.

 

En cambio, para el diputado radical Ricardo Gil Lavedra el nuevo agregado no genera ningún riesgo. “Ya se debatió en las constituciones de 1949 y 1994. No es un tema que tenga gravitación, no hay que asustarse. Igualmente lo vamos a estudiar”, respondió ante una consulta de Clarín.

 

En la vereda opuesta,

 

 


El Clarín

Página Web - 2013/11/16

Fuente: http://bit.ly/1ip8Lg9

 


La villa de Fraga empezó a formarse tímidamente en 2001. Un grupo de obreros ferroviarios armó algunas casillas dentro de un playón de maniobras del ferrocarril, cercano a la estación Federico Lacroze y perteneciente al Estado nacional. De a poco fue llegando más gente, aunque hasta 2006 había pocas casas de material. Después se produjo una explosión de población, que en los últimos tres años se duplicó. Actualmente, en Fraga viven 5.000 personas.

La villa ocupa sólo dos manzanas entre Teodoro García, Fraga y Céspedes. La entrada principal está en la esquina de Fraga y Palpa. Desde ahí se abren algunas calles internas, con viviendas de material y comercios, como verdulerías y kioscos. Como no tiene espacio para crecer a lo ancho, la villa se desarrolla a lo alto. En 2009 ya había construcciones de tres plantas, dos años después de cuatro, y ahora se ven precarias edificaciones de hasta cinco pisos. También fue anexado un galpón ferroviario, en cuyo interior se levantaron más viviendas a las que no llega la luz solar.

La gente que vive en Fraga, en su mayoría de nacionalidad peruana, llegó desde otras villas donde ya no podía seguir pagando el alquiler. En el asentamiento de Chacarita les cobran $ 1.200 por una pieza.

Los vecinos de algunos sectores construyeron cloacas por su cuenta, pero la mayoría cuenta con apenas una decena de pozos ciegos que son vaciados por camiones atmosféricos. A partir de una orden judicial de 2009, el Gobierno de la Ciudad les provee la electricidad.

Los vecinos del barrio de Chacarita reclaman el desalojo del asentamiento y aseguran que detrás de todo hay un gran negocio inmobiliario, manejado por los punteros que alquilan las piezas. Y afirman que desde que está la villa, aumentó mucho la inseguridad.

 


El Clarín

Página Web - 2013/11/14

Fuente: http://bit.ly/I1kVNP